Izquierda Unida Valladolid - Diputación

El Grupo Provincial de Izquierda Unida solicita al Gobierno Central la nacionalización de las empresas del sector energético

IU solicita que el Gobierno  elabore de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos y que abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español.

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La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas tienen un margen de beneficios del doble de las europeas.

Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios.

Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca que el 10% de la población sufra pobreza energética.

Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética.

El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.

El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas. que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE. 

Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.

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